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LOS CORREOS ELECTRÓNICOS COMO MEDIO DE PRUEBA JUDICIAL

En primer lugar, deberíamos tener en cuenta que los correos electrónicos se encuentran amparados por el régimen establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tal y como consagra el art. 18.4 de la Constitución y ratificado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y por la Agencia Española de Protección de Datos (que considera las direcciones de correo electrónico como un dato de carácter personal en su Informe Jurídico 0437/2010).

Además, de un tiempo a esta parte, los correos electrónicos pueden ser aportados como prueba a juicio, si bien, al no estar regulados legalmente este tipo de medio probatorio, será el Juez quien deba valorarlos. Es por todos sabido que, los medios de prueba son aquellos con los que las partes pueden demostrar al órgano judicial la verdad de un hecho alegado. En concreto, el art. 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil admite como medio de prueba “los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras”.

Para lograr mayor fuerza probatoria será necesario aportar la mayor cantidad de evidencias que acrediten que el e-mail ha sido enviado, a qué destinatario y quien ha sido el emisor, su autenticidad, integridad y literalidad. A tales efectos, en la actualidad ya existen sistemas de firma digital y empresas de certificación de e-mails, que emitirán en su caso un certificado acreditativo del contenido del envío, de su emisor, de la dirección de correo del receptor y de la fecha y hora del envío y de su recepción.

En caso de que el e-mail sea impugnado tendremos que recurrir a la prueba pericial oportuna, siendo fundamental para que sean considerados por el Órgano Juzgador la conclusión del informe que emita el perito sobre si el e-mail aportado ha sido manipulado o si por el contrario verifica que mantiene su integridad respecto a su versión original. Si por el contrario no se impugna por la parte contraria, tendrá el mismo valor probatorio que un documento público.

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