Para evitar actos vandálicos en sus instalaciones, robos… cada más centros educativos están instalando cámaras de vigilancia en sus instalaciones. Ha de puntualizarse que estas cámaras son para mejorar la seguridad de los centros y no para el control y/o seguimiento de profesores o alumnos.

La decisión de la instalación de las mismas deben tomarla de común acuerdo las direcciones de los centros junto con claustros, consejos escolares y familias. La Ley de Protección de Datos obliga a cumplir una serie de requisitos para que la instalación de las mismas sea conforme a la legalidad, y para ello deberán solicitar en primera instancia la creación de un fichero de videovigilancia a la Consejería de Educación y Universidades.

Una vez concedida la autorización por parte de la Consejería, ese fichero se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y posteriormente ha de ser inscrito en el Registro General de Protección de Datos, dado que si no es inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos no se podrá comenzar a almacenar las imágenes. Los datos almacenados solo podrán ser visualizados por la Dirección del Centro Educativo, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (cesión obligatoria) o por la Administración de Justicia.

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